La criminalidad en Medellín parecer no ceder, a pesar de los esfuerzos del alcalde Federico Gutiérrez por acabar con los delitos de alto impacto que azotan a la capital de Antioquia.
Según una reciente investigación conjunta entre la universidad Eafit y la universidad de Chicago, en alianza con la ONG Innovations for Poverty Action, aproximadamente 150.000 viviendas y establecimientos comerciales están bajo el yugo de la extorsión perpetrada por estructuras criminales, una práctica que se ha integrado casi como un gasto mensual más para los afectados.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, solo se registran denuncias en una mínima fracción de los casos, lo que pone de manifiesto tanto la normalización de este fenómeno en la cotidianidad de la ciudad como el miedo o la resignación de las víctimas ante la falta de alternativas.
Según los hallazgos del estudio, la comuna 2 (Santa Cruz) se posiciona como una de las más afectadas por el delito de extorsión, pues aproximadamente el 70% de las propiedades han sido víctimas de las populares ‘vacunas’. Incluso algunos barrios de esta zona, tales como Villa Niza y El Playón de los Comuneros, reflejan porcentajes incluso más elevados, alcanzando el 79.2% y 75%, respectivamente.
Cuentan los investigadores que la vulnerabilidad de los paisas ante los criminales no distingue entre hogares y comercios. “No siempre es mucho el dinero que se cobra, especialmente en los hogares, pero si se suman los montos recolectados esto asciende a unas rentas enormes. Se pueden llegar a cobrar entre $3.000 y $5.000 en los hogares, aunque esto es poco común, y hasta $30.000 o $50.000 en los negocios”, señaló Santiago Tobón, investigador del Centro de Valor Público de la universidad Eafit y líder del estudio.
Las cifras reveladas contrastan drásticamente con las estadísticas oficiales de denuncias, representando menos del 1% de los casos estimados. “Estimamos que son más o menos 150.000 hogares y negocios que pagan extorsión cada semana... Entre tanto, el año pasado se presentaron menos de 900 denuncias”, detalló Tobón, dejando en evidencia la drástica brecha entre la percepción de seguridad y la realidad que enfrentan a diario miles de medellinenses.
Sumado a ello, el panorama para los comerciantes es aún más desalentador, puesto que las tarifas de extorsión pueden superar los cien mil pesos semanales en determinados casos. Este fenómeno no se limita a una sola área de la ciudad; barrios de comunas como La Frontera en la comuna 2 y San Javier en la comuna 13 reportan porcentajes de extorsión que afectan al 80% de los negocios locales.
Los Triana, La Terraza, Doce de Octubre, Picacho y El Pesebre se cuentan entre las estructuras criminales más activas en la realización de estas extorsiones, las cuales, según estimaciones del estudio, podrían estar generando ingresos cercanos a los cien mil millones de pesos al año para estos grupos.
“Algunos grupos, especialmente hacia el norte de la ciudad, no tienen discriminación para el cobro de las extorsiones: pagan hogares y negocios. Pero en la mayoría de sectores únicamente se cobra a los negocios”, indicó el investigador.
Pero el estudio también determinó que dentro de las comunas también se estaría evidenciando un fenómeno que pone en jaque a la fuerza policial, pues los residentes estarían dando más validez a la protección de los grupos ilegales, que a la ofrecida por la Policía Nacional e, incluso, el Ejército.
Según sugieren los expertos, la disminución en las denuncias registradas en lo que va corrido del año, con solo 123 casos reportados, frente a los 237 en el mismo periodo del año anterior, no debe interpretarse como una señal de mejoría, sino como un reflejo del temor y la resignación que prevalece entre las víctimas de extorsión.
Es decir, que existe una gran posibilidad de que en la capital antioqueña se esté creando un doble registro que no concordaría con las cifras oficiales de la Alcaldía de Medellín, pues con el paso de los días son menos los paisas que denuncian los cobros extorsivos.
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